La batalla que desde hace tiempo mantienen la Unión Ciclista Internacional y ASO (empresa organizadora del Tour de Francia) se encuentra en pleno estallido, y bien se asemeja a una partida de RISK. Prueba de ello, es la suspensión que la UCI ha efectuado sobre la Federación Francesa de Ciclismo, que apoyaba hasta el momento a ASO. La suspensión no afectará a los ciclistas, pero sí recorta la influencia francesa en el organismo internacional.

La historia viene de muy atrás. La UCI intentó hace tres años unificar el ciclismo mundial en varias divisiones y con un calendario único en lo que hoy conocemos como circuito Pro Tour. Las grandes vueltas, se desmarcaron en su día de la UCI, hasta este año, en el que Giro, Tour y Vuelta han decidido seguir sin la UCI, con sus propios reglamentos.

Esto permite a cada carrera, por ejemplo, imponer sus reglas o invitar a los equipos que ellos deseen, como ha ocurrido con el Giro y Astaná. Anteriormente, los organizadores estaban obligados a invitar a todos los equipos “Pro Tour”.

Así, la UCI ha querido continuar con su reglamento y circuito Pro Tour. Y ahí es donde ASO ha tomado cartas en el asunto. Y es que ASO no solo posee el Tour. Otras célebres carreras como la París-Niza, la Flecha-Valona o la Lieja-Bastogne-Lieja también pertenecen a la empresa francesa. Ocurrió que los responsables de la UCI quisieron a principio de temporada dar un golpe de autoridad de “elige, él o yo”.

No se les ocurrió mejor idea que advertir a los equipos y corredores de que aquellos que compitiesen en la París-Niza serían sancionados no solo deportivamente, si no también económicamente. El pelotón finalmente decidió pasar de las amenazas de la UCI, y correr la Paris-Niza. Muchos hubieramos pagado por ver la primera reacción y la cara del presidente de la UCI, Pat McQuaid, tras conocer la decisión (¿Qué podía hacer? ¿Expulsar a todo el pelotón del “Pro Tour”?).

Lo peor de todo es que no se trata de una batalla por el deporte, si no por controlar el ciclismo, que están pagando los más débiles: los mismos corredores. La escenitas entre ambas fuerzas cada vez son más absurdas y perjudiciales.

Tenemos ejemplos nacionales: el caso de Valverde el año pasado. Mientras la UCI se empeñaba en prohibirle correr el campeonato del mundo, desde ASO se defendía su participación. Y a la inversa con Contador y el Tour. Cuando desde la organización se anuncia en su día que no invitará a Astaná, poco después escuchamos al presidente de la UCI defender al madrileño.

La guerra sigue. Mientras la UCI expulsa de sus filas a los franceses, ASO sigue con sus conquistas. Recientemente adquirió el 49 por ciento de la Vuelta a España. Al menos, desde Unipublic, se firmó este acuerdo con la condición de que se le permitiera a Contador correr la prueba más importante de su país.

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¿Que hacen los organismos de este deporte ante esta situación? Darle la vuelta a la tortilla. Permitir que aquellos ciclistas que voluntariamente quieran someterse a una prueba de ADN puedan demostrar que están al margen de la famosa operación contra el dopaje. La trampa está puesta a la espera de que la presa caiga…

Ante esta situación sólo caben dos opciones: que el colectivo de deportistas se niegue en bloque a someterse a las pruebas o que lo hagan paulatinamente quedando por eliminación los implicados al descubierto. De someterse a las pruebas y dar positivo los organismos oportunos podrían sancionar administrativamente, pero el hecho de no someterse a la prueba siendo blanco de sospechas, como puede suceder con Valverde, puede ser igual de dañino o más. Pensemos que Giro, Tour o Vuelta pidan a todos sus corredores como requisito para participar someterse a esa prueba. Podría ser definitivo.

Ante esto casi afirmaría que el gremio se unirá y no delatarán indirectamente a sus compañeros, pero las cosas no son tan sencillas y si alguno da el paso pueden seguirle el resto. Comienza la cuenta atrás, Ullrich y Basso ya han caido, ¿habrá purga?

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Es decir, para sancionar administrativamente a estos ciclistas necesitan nombres, y estos, dentro del proceso penal, no importan lo más mínimo. La justicia actúa de oficio defendiendo un bien jurídico (la salud) sin mediar denuncia de los implicados (ciclistas), ya que se trata de un bien indisponible. Por poner un ejemplo hablariamos de no poder autorizar bajo ningún concepto que me corten una mano aunque a mí me parezca bien. De ahí las agrias polémicas sobre la eutanasia. Obviamente, la “flojera de piernas” no debe entrarle a los tramposos por esta reapertura, si no por que la UCI va “con el cuchillo entre los dientes” para, al mínimo despiste, acabar con ellos.

En mi opinión, este es muro legal ante el que hayan los organismos anteriormente nombrados: para su procedimiento administrativo es muy probable que el juez no autorice la identificación, y por mucho que lo intenten todo siga como hasta ahora. No obstante, siendo el ciclismo un deporte muy dado desde categorías inferiores a tratar con sustancias de toda clase, esto no debe ser más que otro intento de meter el miedo en el cuerpo al “deportista”, cuyo escaso aprecio a su propia integridad física, les hace traspasar los límites de lo razonable. Ullrich, Ivan Basso… ¿Valverde en el futuro? Puede ser, aunque esperemos que la élite del ciclismo recapacite y “se modere”.

Vía | El País