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La batalla que desde hace tiempo mantienen la Unión Ciclista Internacional y ASO (empresa organizadora del Tour de Francia) se encuentra en pleno estallido, y bien se asemeja a una partida de RISK. Prueba de ello, es la suspensión que la UCI ha efectuado sobre la Federación Francesa de Ciclismo, que apoyaba hasta el momento a ASO. La suspensión no afectará a los ciclistas, pero sí recorta la influencia francesa en el organismo internacional.

La historia viene de muy atrás. La UCI intentó hace tres años unificar el ciclismo mundial en varias divisiones y con un calendario único en lo que hoy conocemos como circuito Pro Tour. Las grandes vueltas, se desmarcaron en su día de la UCI, hasta este año, en el que Giro, Tour y Vuelta han decidido seguir sin la UCI, con sus propios reglamentos.

Esto permite a cada carrera, por ejemplo, imponer sus reglas o invitar a los equipos que ellos deseen, como ha ocurrido con el Giro y Astaná. Anteriormente, los organizadores estaban obligados a invitar a todos los equipos “Pro Tour”.

La reapertura de la Operación Puerto vuelve a ser protagonista de la actualidad ciclista. El motivo una hábil estrategia judicial, imagino que instigada por la UCI y el COI. Las muestras de sangre que se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción nº31 de Madrid no pueden servir para identificar a los ciclistas implicados, ya que, sanciones deportivas a parte, no son acusados de ningún delito en este caso. A fin de garantizar su derecho a la intimidad su identidad queda en el anonimato.

¿Que hacen los organismos de este deporte ante esta situación? Darle la vuelta a la tortilla. Permitir que aquellos ciclistas que voluntariamente quieran someterse a una prueba de ADN puedan demostrar que están al margen de la famosa operación contra el dopaje. La trampa está puesta a la espera de que la presa caiga…

¿En qué quedará todo esto? El ciclismo español puede echarse a temblar, ya que la UCI está muy interesada en poder acceder a la información que el juez Antonio Serrano maneja para dilucidar si Eufemiano Fuentes y José Luis Merino Batres han incurrido en un delito contra la salud de los ciclistas implicados. Casi nada. A favor de los deportistas de las dos ruedas que puedan temer algo de todo este asunto, encontramos la dificultad legal que tanto la UCI como del COI o la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) tienen por ser un factor secundario la identificación de los ciclistas.